A la sombra de la agita­ción mediática que provoca la causa popularmente de­nominada “cuadernos de las coimas”, sigue su curso la investigación por las irregu­laridades en la concesión y ejecución de las obras públi­cas durante la gestión del kir­chnerismo, otra megacausa que también se encuentra en la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccio­nal Nº11 de la Capital Fede­ral, que dirige el polémico Claudio Bonadio, a la sazón a cargo de los “cuadernos...” y de otros expedientes incan­descentes.

En el caso de la corrupción por la obra pública, que se facturó, se pagó y nunca se hizo, el principal imputado es el empresario de la cons­trucción Lázaro Báez, uno de los que prosperó inusitada­mente durante la “década ga­nada” de los K. En ese expe­diente, que tiene como figura central a Lázaro, aparecen los nombres de un puñado de funcionarios correnti­nos, de la anterior y la actual administración radical de ECO, que tuvieron trato con las empresas del patagónico que cobraban por obras que jamás hicieron. Bonadio los llamó a prestar declaración.
Se trata de autoridades de la Dirección de Vialidad Pro­vincial que consintieron el negocio millonario que be­nefició a una firma de Lázaro Báez, llamada Sucesión de Adelmo Biancalani y que te­nía domicilio en Resistencia (Chaco). Biancalani estaba encargada de la obra de pavi­mentación de la Ruta 40, de acceso al Iberá. No hizo ni si­quiera un metro de pavimen­to, pero cobró la totalidad y los funcionarios correntinos firmaron los certificados de obras para autorizar los des­embolsos de dinero. En cual­quier país serio eso sería una estafa. Aquí está bajo investi­gación de Bonadio.
La causa judicial que se abrió en el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, a ins­tancias de una denuncia presentada por el ingeniero civil Rodolfo Amílcar Paladi­ni sobre la base de una serie de publicaciones del diario NORTE de Corrientes forma parte ahora del expediente troncal cuya investigación administra el polémico juez Bonadio. Según señaló Pala­dini, que sigue atentamente el curso de la pesquisa, los funcionarios están obligados a comparecer y explicar por qué no está la obra que ellos certificaron que se estaba haciendo.
La denuncia, radicada en el despacho del juez federal Juan Carlos Vallejos, quedó registrada con el número 1.785 con fecha 14 de abril de 2016. Paladini advierte que hubo defraudación agravada al fisco nacional y abuso de autoridad, y le imputa esos delitos al entonces gober­nador Horacio Ricardo Co­lombi, a los funcionarios de Vialidad Armando Justo Es­píndola, Mario Encina, Hugo Aníbal Dubrez, Luis Fernan­do Dubrez, Eduardo Broll, Aníbal Miguel Godoy, Suce­sores de Adelmo Biancalani, Lázaro Báez, Austral Cons­trucciones SA y Cemento SA.
La obra de la ruta de acce­so al Iberá fue licitada duran­te la gestión de Arturo Ale­jandro Colombi -primo de Ricardo- y adjudicada en el turno siguiente, es decir del primo Ricardo. El trabajo se dividió en dos partes, un tra­mo para la firma de Juan Car­los Relats (JCR) y la siguiente para Lázaro Báez que se mo­vía con el sello de Biancalani. Ambas empresarios tenían muy estrecha vinculación con los Kirchner, uno regen­teaba el hotel de los K en la Patagonia y el otro ocupaba las habitaciones. El hecho es que Relats terminó su parte, pero Báez solamente cobró. Ni Ricardo Colombi (el opo­sitor) ni sus funcionarios en Vialidad Provincial denun­ciaron el despojo que se es­taba perpetrando. Ahora le toca al juez Bonadio definir responsabilidades. A todo esto, la Ruta 40 al Iberá, la parte que no se hizo, volvió a ser adjudicada, se pagará dos veces por el trabajo. s

Rodolfo Paladini
Ingeniero.
No hay que olvidar que la noche antes de los allanamientos a Viali­dad Provincial, sacaron carpetas a escondidas.

Lunes, 17 de septiembre de 2018