Maestros de escuelas públicas y privadas, junto a profesores universitarios y científicos, pararon ayer y marcharon al Congreso con la consigna “La educación está en peligro”. También se sumó el rechazo al ataque que sufrió la maestra Corina de Bonis.

Los docentes de todo el país pararon por 24 horas y marcharon al Congreso en reclamo de presupuesto para la educación. Tras el secuestro y tortura de la maestra Corina de Bonis, la movilización expresó además un masivo repudio y pedido de esclarecimiento del ataque, que la titular de Ctera, Sonia Alesso, no dudó en vincular al “discurso del odio” alimentado por el Gobierno y los medios dominantes. Todo el arco de profesores y maestros —incluidos los del sector privado— rechazaron de esta manera el ajuste macrista sobre la educación que, tras hacer caer al salario del sector bajo la línea de pobreza y convertir las aulas en espacios inseguros, preanuncia nuevos recortes en el proyecto de presupuesto para 2019. “Estamos acá para reclamar a las autoridades que se hagan cargo de sostener la educación pública”, remarcó el titular del Suteba, Roberto Baradel, desde la plaza del Congreso. El dirigente advirtió que “si alguien tiene fecha de vencimiento no es la escuela pública, sino estas políticas y este Gobierno”.


Los primeros en llegar a la plaza, donde fue montado un escenario con la consigna “La educación está en peligro” fueron grupos de maestras, chicos y madres de Merlo que, envueltos en nylon negro, caminaron delante de las columnas de manifestantes. “Nos están haciendo bolsa”, se leía en los carteles que llevaron desde el Ministerio de Educación, donde arrancó la movilización, hasta el palco armado en el espacio que alguna vez ocupó la Carpa Blanca.

En la marcha había muchos otros chicos acompañados por sus padres. Los de esta intervención callejera eran de la EP15 de Río Alegre, una primaria del segundo cordón del conurbano. “Vinimos con el grupo de mamás que todos los días preparan el desayuno para los chicos y lo traen a la escuela, porque tenemos cortado el gas. Cuando inspeccionaron nuestro edificio, después del estallido de la garrafa en Moreno, nos dijeron que era un polvorín. Pero salvo para cortar la conexión, el Estado no se hizo cargo”, contó Mariana Cruz, del Suteba.

Poco antes del acto, una delegación de dirigentes gremiales había entrado al Congreso esperando que la Cámara de Diputados debatiera en una sesión especial un paquete de proyectos de ley, en defensa de la educación. La convocatoria sumó a legisladores del Frente para la Victoria-PJ, el Peronismo Federal, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Frente de Izquierda y el de Unidad Justicialista de San Luis. Entre todos llegaron a reunir 123 diputados, seis menos de los necesarios para habilitar el debate sobre tablas (ver nota aparte).

Los proyectos sirven como un repaso de los reclamos que levantó ayer la comunidad educativa:

De permanencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente: para que el Gobierno continúe enviando a las provincias los recursos para pagar el Fonid, un fondo que se reparte de manera igualitaria entre todos los docentes para mejorar los salarios. El proyecto de ley establece que el Estado nacional es cogarante del financiamiento, para que no recaiga en las provincias, como pretende el oficialismo.
Becas para los estudiantes.
Fondos para un plan nacional de infraestructura escolar.
Más presupuesto para las universidades públicas.
Reactivación de la Paritaria Nacional Docente, la instancia de discusión federal que Cambiemos clausuró por decreto.
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La protesta fue muy compacta, masiva. Así como la presencia de chicos denotaba el acompañamiento que estaban haciendo sus padres, carteles y pancartas hablaban de la amplitud de los sectores convocados, que abarcó a docentes de todos los niveles, del inicial al universitario. Maestros al fin, los manifestantes llevaron lo que querían trasmitir escrito y a la vista, en carteles, remeras, chalecos y esténciles.

Una profesora de la Universidad Nacional de las Artes se colgó con dos alfileres una tela a la espalda, en la que escribió “Olla sí”. En una pechera, otra anotó: “Me verán en cada plaza cada vez que intenten arrebatar nuestros derechos”. Remera pintada a mano: “La libertad sin acciones no existe”. En los andamios que en estos días rodean el edificio de la confitería El Molino, un rejunte de maestros y estudiantes colgó papeles estencileados con una cita de Paulo Freire. “La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor”.

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El titular del Suteba, Roberto Baradel, llegó al acto después de empezado; había pasado la mañana en Moreno, y tras subir al palco convocó para este viernes a que en todas las ciudades se realicen marchas con antorchas. “Las vamos a hacer con tres consignas: por justicia por Sandra y Rubén (muertos por la explosión en la escuela de Moreno); en repudio al secuestro y tortura de Corina y a las amenazas que vienen recibiendo otros docentes e integrantes de la comunidad educativa; y, finalmente, en reclamo de que el gobierno nacional y las gobernaciones respeten a los docentes. La escuela pública se merece ser respetada porque es el primer lugar donde se ejerce ciudadanía, el puntal de la democracia”.

Baradel contó que en Moreno “los docentes, los alumnos y sus familias, las organizaciones sociales y sindicales están en la calle para reclamar a las autoridades que se hagan cargo de sostener la educación”.

“Exigimos el esclarecimiento de este hecho aberrante”, agregó sobre el ataque a Corina de Bonis, la maestra que fue metida en el baúl de un auto, donde tres desconocidos le pusieron una bolsa en la cabeza y, con un punzón, le escribieron en la panza “Ollas no”. La maestra había sufrido amenazas luego de instalar una olla para dar de comer a los alumnos. Los colegios de la zona están cerrados y sus comedores no funcionan desde la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, por falta de condiciones edilicias seguras.

“Estos delincuentes tienen que ir a la cárcel. Hacemos responsable de la seguridad de los docentes, padres y alumnos de la comunidad educativa de Moreno al gobierno nacional y a la gobernación de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Sonia Alesso planteó: “Miren a dónde hemos llegado, nosotros que tenemos 600 maestros detenidos desaparecidos, el 70 por ciento de la junta ejecutiva de Ctera, las luchas que dimos por el retorno a la democracia y tenemos que estar hoy reclamando por una compañera que fue secuestrada y torturada. Han sembrado, y algunos se van a tener que hacer cargo, ya sean políticos o medios de comunicación, un lenguaje de odio. Somos maestros, enseñamos valores, hablamos de ciudadanía, defendemos la paz, marchamos en paz, pero no queremos que los pibes se nos mueran de hambre”.

Viernes, 14 de septiembre de 2018