La senadora presentó tres escritos en donde sostuvo que el Poder Judicial, el Ejecutivo y los medios hegemónicos actúan de manera coordinada en su contra y recusó al juez y al fiscal. Luego hubo allanamientos en su edificio.

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que existe una persecución política en su contra en la que actúan coordinados “el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos”. En el escrito que presentó como descargo en la causa de las fotocopias de los cuadernos Gloria dice que fue “imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita” destinada a obtener, según se le adjudica, dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”. Esos expedientes análogos están el juzgado de Julián Ercolini, donde la ex presidenta plantea que en todo caso debería acumularse toda la investigación, y recuerda que allí además pidió una auditoría de la obra pública durante el período en cuestión que nunca se hizo. Su presentación recusa al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, y reclama la nulidad de todo lo actuado porque considera que los cuadernos del chofer Oscar Centeno son privados e inviolables según la Constitución, afirma que hubo forum shopping porque que el juez y el fiscal decidieron ellos mismos investigar sin mandar el caso a sorteo y que se utilizó la ley del arrepentido para presionar a los imputados como método de coerción y no de esclarecimiento. Además pide que declaren como testigos a Mauricio Macri y Daniel Angelici, ya que quiere saber si negociaron que el primo del presidente Angelo Calcaterra (ex titular de Iecsa, antes de los Macri) declarara como imputado colaborador y volviera a su casa tranquilo. Al anochecer, el juzgado mandó a allanar dos departamentos en el mismo edificio donde vive CFK, pero estaban vacíos y hasta última hora la Policía Federal no había hallado nada relevante para la causa.

El ex funcionario se entregó a la Justicia | El arrepentido Uberti
Mientras el Senado debe resolver mañana si habilita los allanamientos en los inmuebles de la ex presidenta (ver página 10), los procedimientos de ayer se hicieron en dos departamentos que están en el mismo edificio donde vive ella, en Uruguay 1306, y arrastraron a todas las cámaras de televisión hasta el lugar. Su vivienda está en el quinto piso, pero la Policía Federal entró al primero y al cuarto, que pertenecerían al hermano de Fabián de Souza, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo (ambos presos), según informaron allegados a la investigación. La orden del juzgado era buscar dinero, computadoras o documentos. Pero los uniformados encontraron propiedades casi vacías. Fueron con perros, rompieron pisos y paredes a mazazos, pero no encontraron nada. El diputado del FpV Agustín Rossi dijo que le parecía “una provocación” el despliegue cuando falta tan poco para que los senadores voten sobre los allanamientos pedidos por el juez.

Todo esto fue horas después de que la ex mandataria dejara los tribunales de Comodoro Py, donde tuvo que asistir a la cita en el juzgado de Bonadio, lugar que ya conoce porque se trata del mismo magistrado que la imputó en la causa conocida como “dólar futuro”, en la del Memorándum con Irán basada en la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento y en caso llamado “Los Sauces” donde le atribuyó alquileres simulados a contratistas de obra pública (aunque después de procesarla le mandó esta causa a Ercolini).

CFK llegó ayer a tribunales acompañada por Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ambos vinculados al papa Francisco. Junto con su abogado Alberto Beraldi tuvo que esperar cerca de media hora en el pasillo del cuarto piso de la mole judicial de Retiro. Una secretaria le acercó una silla. La demora, les dijeron, se debía a una falla en el sistema informático, argumento que no creyeron. Una vez en el despacho, empezó a leer la acusación el secretario Enrique Rodríguez Varela. Lo mismo que les habían leído a todos los imputados: allí se sitúa a la ex presienta como jefa de una asociación ilícita de acuerdo al relato que surge de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, que habla de traslados de “bolsos” o “recaudación” incluso a la quinta de Olivos. Beraldi le dijo que no se molestara en continuar, que después la leerían. El juez ni apareció. El fiscal Stornelli merodeaba, y sólo le estrechó la mano al defensor. Al momento de revisar el acta, CFK le hizo notar con un dejo de delicadeza al secretario Rodríguez Varela que había escrito con faltas de ortografía: “persive” en lugar de “percibe”, por ejemplo.

La ex mandataria dejó tres escritos: una declaración en primera persona; un planteo de nulidad y pedido de pruebas; y la recusación al juez y al fiscal.Así describió su situación: “A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, solo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución”. También dijo en las redes sociales: “Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. ¿Milagro? No. ¿Forum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial –en su más alta expresión– en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos…”. “Resulta absurdo hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar consolidada durante la década del 80. Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas”.

El escrito donde su abogado puntualiza las razones del pedido de nulidad, deja a la vista las posibles irregularidades sobre las cuales CFK advierte que se instrumenta la persecución que describe:

Señala que en otros tres expedientes es investigada también por asociación ilícita, y también son casos que se vinculan con obra pública. Se la pretende juzgar por cuarta vez, dice, como jefa de un supuesta organización criminal que ya está siendo juzgada, con investigaciones en el juzgado de Ercolini. En una de las causas, precisamente conocida como el expediente de la “obra pública”, donde se investigaron exclusivamente obras en Santa Cruz otorgadas a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner recuerda que pidió con insistencia una auditoría general de la obra pública en todo el país desde 2003 y nunca se hizo.
Cuestiona la génesis de la investigación desde varias aristas: el periodista de La Nación Diego Cabot le entrega fotocopias de los cuadernos al fiscal Stornelli después de haber devuelvo los originales a quien se los dio, su vecino Jorge Bacigalupo, un ex sargento de la policía al que se los había confiado Centeno. El material es incorporado a una causa donde se investiga a Roberto Baratta y su ex jefe Julio De Vido por el supuesto pago de sobreprecios por gas licuado. Bonadio abre una causa aparte para darle “autonomía”, sin mandar a sorteo o a Ercolini, aunque tanto él como el fiscal tenían conocimiento de la conexidad con otras causas. “Estamos ante un caos de forum shopping que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural”. El abogado Beraldi dice, además, que los cuadernos son privados, son papeles inviolables, Bacigalupo los dio a un periodista sin consentimiento de Centeno y la justicia no debió validarlos, ya que sería un delito. También cuestiona el modo en que Centeno deviene arrepentido y cambia repentinamente de abogado.
Objeta el modo en que se aplicó la ley del arrepentido. Los empresarios “que se negaron forma parte de la asociación ilícita o se abstuvieron de declarar quedaron detenidos; los que aparentemente negociaron con el fiscal y se arrepintieron (no queda claro de qué) recuperaron la libertad o nunca fueron privados de la misma”.
La presentación recuerda la curiosa aparición de Calcaterra en el juzgado dispuesto a colaborar cuando todavía no había ninguna medida en su contra. En ese entonces estaba preso uno de directivos de Iecsa, Javier Sánchez Caballero. Calcaterra fue con el argumento de que había puesto dinero para campañas del kirchnerismo bajo presión y se ofreció como colaborador. Sánchez Caballero dijo algo similar, como arrepentido, y quedó libre. El primo del presidente volvió tranquilo a su casa. “Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana (…) se publicó que Calcaterra habría mantenido rees con Daniel Angelici así como con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos, con la presencia del propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, llegándose a conocer algunos de los diálogos…”, explica el planteo de Beraldi. Por eso pide citar a Macri y a Angelici y que se libre oficio a la Policía Federal para obtener filmaciones de ingreso y egreso, libros de ingreso y egreso u otras pruebas que permitan identificar a las personas que visitaron desde el 8 de enero hasta ahora la quinta de Olivos.

Martes, 14 de agosto de 2018