"Quiero que le retrasmita a las Fuerzas Armadas mi agradecimiento y les pido un esfuerzo patriótico, sé de la situación difícil por la que están pasando, la falta de medios y recursos para las maniobras; sé que cuento con el apoyo de cada una de las fuerzas, me hubiera gustado otra situación pero espero de ustedes la contribución en la recuperación del país". Es parte de las frases que le dijo Mauricio Macri al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, ante el plan de ajuste castrense que, minutos antes, había enunciado el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la quinta de Olivos.

Todo ocurrió el viernes pasado en el clima eufórico pre mundialista, antes de la despedida de la Selección criolla. Sosa, el único uniformado presente, aunque no desconocía la guadaña de Aguad, quedó perplejo. Tan fuerte es la realidad de las reformas que incluyen reubicación y venta (subasta, dijo Aguad) de cuarteles y bases, poda en el personal de las empresas controladas por Defensa, reducción de traslados al exterior (Aguad no autoriza salidas de funcionarios que excedan 5 días), desprogramación de unidades que ya están al borde de su vida útil, por caso, los buques ARA Suboficial Castillo y ARA Cabo de Hornos de la Armada, entre otras medidas de recorte. Preocupa más aquello que no mencionó y que circula como proyecto en el Estado Mayor Conjunto: pasar a los uniformados a una caja jubilatoria y desengancharlos de la situación de retiro. Esa condición, según la ley vigente N° 19.101 de Personal Militar, obliga a mantener el haber del pasivo al mismo nivel que el del personal en actividad que se abona a través del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Aunque en los 90 desde la administración en Economía de Domingo Cavallo, de hecho, y por la vía de otorgar sumas fijas no remunerativas (en negro) al personal en actividad en concepto de mejoras salariales, los emolumentos no abarcaron a los retirados originándose millonarios juicios en contra del Estado.

A la reunión de seguimiento de Defensa celebrada en Olivos que antaño era sólo para el núcleo de los exCEO, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y funcionarios políticos del macrismo, se sumaron legisladores entre ellos Gastón Roma, (PRO, Tierra del Fuego) y la catamarqueña Orieta Vera (ARI), enviada de Elisa Carrió. La totalidad de los colaboradores de primera de Defensa rodearon a Aguad, Horacio Chighizola, secretario de Estrategia y Asuntos Internacionales; Graciela Villata, secretaria de Logística; Luis Riva, secretario de Investigación y Política Industrial y el jefe de Gabinete del ministro, Raúl Ripa. En el encuentro Aguad dijo que estaba en búsqueda de alternativas para reemplazar la firma española Igeotest Geociencias y Exploraciones S. L. que había sido preseleccionada en la licitación para efectuar la búsqueda del submarino ARA San Juan. El Gobierno se enredó en un proceso licitatorio que siempre se extiende más allá de los plazos formales debido a las eternas impugnaciones cruzadas de los participantes y terceros con algún interés especial. Quizá no midió la ventaja de una contratación directa de Gobierno a Gobierno ("G to G", como dicen en la jefatura de Gabinete) más expeditiva y con el agregado de que son pocos los países con capacidad técnica real. Algunos de ellos, inclusive, fueron parte del operativo internacional de búsqueda y desplegaron sus medios en la zona del naufragio. La Federación Rusa y los Estados Unidos lucen como los mejores preparados para esa misión, disponen del equipamiento que soporta las profundidades donde se presume estaría el San Juan.

Movilización

Macri aceptó el plan de movilización de uniformados a la frontera que presentó Aguad y que había sido consensuado con Patricia Bullrich. Se enviarán de manera escalonada a partir del 1 de agosto, en tandas de alrededor de 400 hombres. La misión: contribuir con apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, tal como lo anunció Macri en su discurso del 29 de mayo con motivo del 208° aniversario de Ejército Argentino. A principios de 2107 cuando Julio Martínez estaba al frente de Defensa, el ministerio ahorró cerca de 180 millones de pesos por el repliegue a los cuarteles de 1.800 efectivos en su mayoría del Ejército y la Fuerza Aérea que se encontraban afectados al patrullado de fronteras en el NOA en el marco del Plan Escudo del Norte. Ahora, en medio del ajuste fiscal, el Gobierno volvió en sus pasos y se apresta a enviar otra vez el doble de tropas de las tres fuerzas para la custodia limítrofe liberando así de esas tareas a efectivos de la Gendarmería. Inexplicable decisión si uno lo mira con el prisma del Presupuesto y la mentada "convergencia al equilibrio fiscal" que tanto declama el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La explicación quizá podría estar en otro escenario: la necesidad de contar con más prevención de gendarmes en zonas urbanas frente al clima de tensión social que presupone el ajuste.

Lunes, 2 de julio de 2018