HABÍA SIDO CONVOCADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE
Asociaciones que defienden el patrimonio goyano decidieron no participar del “falso debate ciudadano”
Representantes de Proyecto Goya, Defendamos Goya, Museo Gauchesco Curuzú y del sector inmobiliario emitieron un comunicado explicando por qué no participarán del debate convocado por el Concejo Deliberante y advirtiendo que el Ejecutivo Municipal tiene como único objetivo legitimar el vaciamiento inconstitucional de la protección vigente del centro histórico de nuestra ciudad. Las asociaciones impugnarán en la justicia la nueva Ordenanza inconstitucional ni bien haya sido adoptada y promulgada y tomarán todas las acciones legales que se estimen necesarias hasta lograr el respeto de la Ordenanza vigente Nº 1.965 que protege nuestro ambiente y nuestra cultura.
(Fotografía: de izquierda a derecha Gladys Acevedo, del Museo Gauchesco Curuzú, Mónica Decotto de Defendamos Goya, Guillermo Alvarez de Proyecto Goya y Lilia Andreau del sector inmobiliario). Para ver el video completo: https://youtu.be/hx8afAmByjo —COMUNICADO PÚBLICO OFICIAL DE LAS ASOCIACIONES TRAS SU REUNION PLENARIA— Habitantes de Goya, Amigos de nuestra ciudad, de su cultura y de su historia, A quienes quieren a Goya y aspiran a verla apreciada y respetada por todos. El Ejecutivo Municipal avanza con un proyecto de ordenanza que tiene por objetivo derogar la Ordenanza Nº1.965, adoptada el 17 de octubre de 2017 tras siete años de intenso debate ciudadano y que protege desde entonces nuestro centro histórico y su área de amortiguación. Este proyecto de ordenanza impone un falso "centro histórico" tres veces más pequeño, de apenas 100 metros de ancho, dejando afuera inclusive a nuestra catedral. Y permitiendo nuevamente obras en altura -hoy suspendidas- tanto en el mismo "centro histórico" como en su "área de amortiguación", reduciendo y degradando ambas zonas protegidas. El vaciamiento de la protección de estas zonas fundacionales, que resumen nuestra identidad, responde a un puñado de intereses particulares contrarios al interés general de nuestra comunidad. El histórico predio de la casa de Amalia Mohando, esposa del gobernador Santiago Baibiene, vencedor de Ñaembé, situado en la calle Alvear casi Colón, en el que avanza una obra en altura de once pisos, quedaría así, con la nueva Ordenanza, totalmente desprotegido. La nueva Ordenanza es inconstitucional porque, al reducir la protección vigente, viola el principio de "no regresión" que en materia de protección ambiental rige en todo el territorio nacional. Atenta además contra la necesaria participación ciudadana, suprimiendo la Comisión de Patrimonio del Municipio de la que son hoy miembros permanentes varios representantes de la sociedad civil y decretando que el nuevo Observatorio del Patrimonio tendrá exclusivamente miembros permanentes adictos del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. Y viola las pautas establecidas por la Comisión Nacional de Monumentos en su propuesta de declaratoria de 2011 y por el Banco Interamericano de Desarrollo en su Informe Final de 2017, la Auditoria más importante jamás realizada sobre Goya, que llama a proteger el "casco histórico y su área de amortiguación" en sus perímetros actuales, a "eliminar los indicadores que favorecen la construcción de torres" y a recuperar "la tipología propia de la zona (edificios con galería y patio)", algo imposible si se establece que se podrá construir nuevamente en altura en pleno centro fundacional. El Ejecutivo Municipal pretende de esta manera asegurarse el control absoluto y arbitrario del centro fundacional que quedaría en estado de total desprotección. Hay una secuencia causal fundada en la experiencia: sin protección no hay patrimonio, sin patrimonio no hay cultura y sin cultura no hay desarrollo. La Ordenanza 1.965 estableció un perímetro de 72 manzanas, de las 900 que componen la ciudad, estableciendo normas mínimas de preservación. Ahora se intenta modificar esa zona central, que representa apenas el 8% de la ciudad, para satisfacer reclamos de intereses de empresas inmobiliarias, reduciendo el área y creando condiciones para la construcción de edificios de muchos pisos para el aprovechamiento económico de la tierra con infraestructura. Esto alterará definitivamente la protección buscada por la Ordenanza 1965. Esta lucha no es nueva ni local, ha ocurrido en otras ciudades cuyo patrimonio histórico y cultural no se defendió adecuadamente. Si se quiere tener un derecho ambiental vigente que resguarde a la ciudad y sostenga esa continuidad física, cultural e histórica que señala su identidad, debemos defender la Ordenanza 1.963 de su reforma destructora. La Ordenanza 1.965 es perfectible -como toda obra humana- para ordenar aspectos específicos destinados al mejor cumplimiento de su finalidad protectora y no para desnaturalizarla y destruirla como el proyecto que se propone. Si el área establecida por la Ordenanza 1.965 debe ser preservada, es para conservar su valor patrimonial e histórico, obra de nuestros mayores, porque en ello nos va la defensa de nuestra personalidad e identidad como comunidad y como ciudad. Somos como comunidad histórica, lo que hicimos con nuestros antepasados, con nosotros en la actualidad y lo que harán nuestros sucesores. Si traicionamos el pasado, no tendremos futuro, es decir no lo tendrán nuestros hijos. La ciudad no nos pertenece con exclusividad: es también de los que ya no están y de los que aún no han nacido, todos los cuales configuran una comunidad de conciencia que vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Los intereses inmobiliarios deben contribuir con el arte arquitectónico a fortalecer esta área fundacional de la ciudad tradicional, en vez de quebrantarla. De la indefensión de nuestro patrimonio histórico cultural se derivará necesariamente su destrucción. Nosotros seremos responsables de ello. Nuestra posteridad nos reprochará, con justicia, el abandono y la irrecuperable pérdida. Por ello;;; Las Asociaciones de defensa del patrimonio goyano, reunidas en Asamblea Plenaria, deciden: 1/No participar en el falso "debate ciudadano" que se pretende llevar adelante en el Concejo Deliberante y que tiene como único objetivo legitimar el vaciamiento inconstitucional de la protección vigente del centro histórico de nuestra ciudad y de su área de amortiguación. 2/Impugnar en la justicia la nueva Ordenanza inconstitucional ni bien haya sido adoptada y promulgada y tomar todas las acciones legales que se estimen necesarias hasta lograr el respeto de la Ordenanza vigente Nº1.965 que protege nuestro ambiente y nuestra cultura. 3/Llamar a la ciudadanía a mantener una conducta responsable en defensa del centro histórico que resume nuestra identidad y es nuestro mayor potencial turístico, capaz de dar hoy una salida económica a nuestra comunidad y de preservar nuestra cultura para las generaciones futuras.
Lunes, 18 de junio de 2018
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