La prohibición también es para su venta, transporte y almacenamiento. La iniciativa fue impulsada por el intendente del FpV. Contó con nueve votos positivos del peronismo y tres votos negativos de Cambiemos. Productores buscan anular la norma por “inconstitucional”.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú prohibió la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del glifosato en el municipio por considerarlo una sustancia cancerígena. La iniciativa contó con nueve votos positivos del peronismo y tres votos negativos de Cambiemos.

La ordenanza establece que “la prohibición (del uso del glifosato) no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores (a la promulgación de la norma) y de ninguna índole” y estipula para los incumplimientos las penas establecidas en el Código de Faltas Municipal a las que se le sumarán decomisos y multas, que irán en aumento en casos de reincidencia.

El concejal de Gualeguaychú Pablo Delmonte, del Frente para la Victoria, le contó a este diario: “Este es un proyecto del intendente, Esteban Martín Piaggio. En toda la provincia se está dando la pelea a favor del medio ambiente y de la producción de alimentos saludables para nosotros y amigables con la naturaleza. En algunos lugares la pelea va bien, como acá, en Gualeguaychú, y en otros va de distintas maneras. Concordia también sacó una ordenanza contra el uso del glifosato, pero sólo para la zona urbana. Y la capital, Paraná, sancionó una muy parecida a la nuestra pero el intendente (Sergio Fausto Varisco, de Cambiemos) la vetó. Acá estamos trabajando en la reglamentación, pero que haya surgido del intendente ya nos garantiza que no habrá veto”.

La ordenanza explicita varios considerandos para establecer la prohibición del uso del glifosato en el ejido de Gualeguaychú, entre los que se destacan que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, y lo incluyó en el Grupo “2A” de principios activos que se “clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”; que luego de un año de exhaustivo trabajo de 17 expertos científicos de 11 países, el máximo espacio para el estudio del cáncer de la OMS categorizó al glifosato, agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico, en la segunda categoría más alta vinculada con esa enfermedad: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenia en humanos”. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al producto químico y el cáncer”, pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.

El texto legal también sostiene que en el mismo informe, la IARC-OMS afirmó que el herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, lo que guarda relación directa con el cáncer y las malformaciones, y detalló que se detectó glifosato en agua, en alimentos, en sangre y orina de humanos y que “la reciente clasificación de la IARC-OMS es consecuencia de la creciente evidencia científica generada por diversos investigadores independientes”.

Delmonte explicó que la pelea ahora es contra los que pretenden derogar la norma por inconstitucional y argumentó: “Esto no debe considerarse sólo como un problema económico, ni siquiera como uno predominantemente económico. Cuando presentó el proyecto, Piaggio explicó que es un tema de derechos humanos, de salud y de defensa del medio ambiente. No hay que permitir que los poderosos impongan la oposición entre la ciudad y el campo y que se pretenda que uno prospere a costa del otro”.

“Ahora, los grandes productores nos acusan de sancionar la ordenanza como una revancha por la 125, que acá sigue siendo un tema. Hace poco, De Angeli se mostró orgulloso, por televisión, de haber traído la soja y el glifosato a Entre Ríos”, siguió enmarcando Delmonte.

Martes, 24 de abril de 2018