“Hay que adaptar la realidad del ministerio a la del país”, justificó Etchevehere la salida de 330 trabajadores de la cartera a su cargo. Los gremios advierten que podría haber 600 cesantías más en organismos de control sanitario.

“Hay que adaptar la realidad del Ministerio a la del país”, señaló ayer el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en referencia al despido de más 330 empleados de ese organismo. Con el mismo menosprecio por el personal técnico que muestra el Gobierno en las distintas dependencias públicas, los trabajadores de Agroindustria fueron impedidos ayer de ocupar sus cargos, aunque aún no habían recibido los telegramas de despidos que fueron enviados entre el jueves y viernes pasado. Hubo al menos 30 trabajadores, de los más de 300 echados, que ni siquiera pudieron ingresar a retirar sus cosas porque se habían borrado del sistema sus huellas digitales para el acceso. Los gremios iniciaron asambleas en la sede central y en los entes descentralizados, en donde se espera que la poda abarque a 958 trabajadores. En Senasa, uno de los departamentos más afectados por el ajuste -donde esperan 380 despidos más-, dictaron un paro activos de 96 horas a partir de las 0 de hoy. Etchevehere aseguró que los despidos son un ahorro en el presupuesto que permitirá bajar la presión impositiva a los contribuyentes.

La cartera de Agroindustria se comprometió este año, como en otras dependencias públicas, a realizar un ajuste. El de Etchevehere será de unos 219 millones de pesos. Las primeras medidas en ese sentido se vieron en reducción de gastos en alquileres, contratos de servicios y flota de vehículos. Estos, según dijo ayer, sólo permitieron un ahorro de 18 millones. Entonces, rápidamente se focalizó en el empleo en las distintas áreas del Ministerio. En los últimos dos años ya había recortado 700 puestos, al pasar de una nómina de la administración central de 4200 a 3500 trabajadores. La semana pasada se confirmó una nueva poda de 330 puestos, mientras que se desconoce el alcance del ajuste a los organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), aunque los gremios estiman que éstos elevarán el número total a 958 cesantías.

En declaraciones radiales, el ministro sostuvo que los despedidos fueron el resultado de “un estudio concienzudo, analizando caso por caso la realidad de esas personas”. Afirmó que el Presupuesto le impone un recorte de 10,5 por ciento y que este achicamiento es un pedido del sector privado para bajar costos. “Hay algo que hay que atender y es que uno de los reclamos de los productores y contribuyentes en general es la presión impositiva y una forma de bajarla es adaptar el Estado a lo que es la realidad económica argentina”, aseguró el ex presidente de la Sociedad Rural. “Porque hay que cuidar los aportes que hacen los contribuyentes a través de los impuestos”, agregó.

La situación dentro del Ministerio es de “alerta y movilización”, como lo dictaron los sindicatos que representan a los empleados del organismo. De acuerdo con lo informado por los gremios, en el salón de la sede central se reunieron casi 400 trabajadores -en solidaridad hubo empleados que no fueron afectados por el ajuste–, pese a que Etchevehere había dispuesto asueto desde el viernes para evitar manifestaciones en el organismo. El ministro asegura que el diálogo “nunca se rompió”, pero los gremios denuncian falta de respuestas. “La asamblea de trabajadores vuelve a constatar que las autoridades, tanto presidente como vicepresidente, junto con la Directora de RRHH, volvieron a escaparse por la escalera de incendio que da a los techos del edificio lindante”, informó el gremio en un comunicado.

Entre los principales interrogantes está la situación de los organismos descentralizados, como el Senasa, donde se prevé que continuará la poda de personal y el vaciamiento de contenidos. “Están despidiendo trabajadores en el organismo que se ocupa de salvaguardar la sanidad en los alimentos que consume toda la población, dejándola en riesgo sanitario”, señalaron desde ATE-Senasa Capital. Denuncian el plan de mantener certificaciones sanitarias e inspecciones para productos con destino a la exportación y dejar en manos privadas esos controles para consumo interno. En ese marco es que se dispuso un paro de 96 horas, con asambleas permanentes en todas las sedes, y dejar guardias en sectores operativos en caso de que se efectivicen los despidos. También solicitan a ATE Nacional la redacción de un amparo para “judicializar la decisión arbitraria e irresponsable de la patronal frente a las funciones sustantivas del servicio sanitario que se están resintiendo”.

Martes, 24 de abril de 2018