Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda desactivaron el TOF9, integrado por jueces afines al Gobierno y que tenían a su cargo las causas contra la ex presidenta. Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco votaron en contra.

La Corte Suprema ratificó ayer que es inválido el Tribunal Oral Federal que intentó armar el gobierno para juzgar a Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios del gobierno anterior. El TOF 9, integrado por jueces adictos a la Casa Rosada, fue desactivado en marzo y la Corte ordenó que se sortearan nuevamente las causas asignadas a esos magistrados. Al confirmar lo decidido, los cortesanos exhibieron otra vez su división, ya que la acordada de ayer la firmaron sólo tres de los ministros: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Ese trío reiteró que el pase de un tribunal criminal ordinario al Federal, requiere al menos de acuerdo del Senado porque se trata de materias distintas. El texto es confuso y algunos juristas interpretaron que incluso estos integrantes de la Corte consideraron que no se pueden hacer las designaciones sin concurso. Al final de la acordada se señala que el pretendido TOF 9 debe volver adonde estaba, es decir al Tribunal Oral Criminal 10. Otros juristas consultados por este diario y también voceros de la Corte señalaron que la acordada deja abierta la puerta para que los traslados de jueces se hagan sin el concurso correspondiente, aunque requiriendo el acuerdo del Senado.

La tentativa del Ejecutivo de diciembre pasado fue grotesca. Armó un tribunal adicto y luego puso en marcha los sospechosos sorteos que se realizan en Comodoro Py. La combinación de jugadas hizo que ese TOF 9, diseñado a medida, se quedara con las causas contra Cristina por la obra pública, lavado de dinero, Hotesur, los Sauces y, de yapa, el expediente sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La periodista de este diario Irina Hauser describió así a los tres jueces: “El nuevo tribunal oral de Comodoro Py está integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Noceti es considerado un ultraconservador en Tribunales y de posiciones jurídicas duras. En un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza consideró que esos delitos prescriben, contra lo que dice la legislación internacional y la jurisprudencia local. Noceti viene del Tribunal Oral 17, donde tuvo como secretario a Juan Mahiques, representante del Gobierno en el Consejo, y quien postuló su nombre y el de los otros dos jueces para el nuevo tribunal. Noceti pidió pasarse al Tribunal 10, cuando se proyectaba que sería transformado en Tribunal Oral Federal con el argumento de que llevaba muchos años (12) en el mismo tribunal y que el cambio haría ‘renacer’ su ‘ímpetu, dedicación y esmero’ (sic). Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados que hacía campaña con consignas antikirchneristas y conserva ascendencia en el Consejo y otros jueces. Becerra, hijo de un general del Ejército, también es hombre de carrera tribunalicia nombrado en 1993 y de perfil conservador”. El currículum de Noceti incluye que, como juez en lo criminal, participó del tribunal que sobreseyó al barrabrava Rafael Di Zeo por asociación ilícita y la paliza propinada a hinchas de Chacarita. Di Zeo mantuvo magníficas relaciones con Mauricio Macri y su operador judicial, Daniel Angelici, y con éste al frente de Boca, volvió a comandar la Doce.

La maniobra del gobierno produjo una reacción de una mayoría en la Corte, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, entre otras razones porque se trató de una movida judicial inconsulta, sin diálogo previo y sin que la Corte hubiera dado el visto bueno para la instalación de los magistrados en sus nuevos puestos. Así fue que los cortesanos le pusieron freno a la invasión de terreno. Semejante desplante a la Casa Rosada no contó con el respaldo de Carlos Rosenkrantz ni Elena Highton de Nolasco: ambos votaron en contra. De todas maneras, la Cámara de Casación pidió explicaciones y lo propio hicieron el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia. La acordada de ayer fue la respuesta.

El intrincado texto no deja dudas sobre la invalidadez del TOF 9 pero no queda clara la postura sobre los pases que ya promovió el Ejecutivo. De las consultas realizadas surge la siguiente enumeración:

Carlos Mahiques, trasladado de la Cámara de Casación ordinaria a la Cámara de Casación Federal. El allegado al gobierno fue ministro de María Eugenia Vidal. El texto de ayer dice que requiere del acuerdo del Senado y está la controversia sobre la necesidad o no de un concurso.
Lo mismo se exigiría para la situación de Guillermo Yacobucci, trasladado de un tribunal oral ordinario al Tribunal Oral Federal 7.
No parece similar el caso de Leopoldo Bruglia, juez de un Tribunal Oral Federal, trasladado a la Cámara Federal, tras la increíble jugarreta que terminó con la salida de Eduardo Freiler.
Sobre el final, la acordada deja en claro que todo lo hecho por Mahiques, Yacobucci y Bruglia tiene validez, pese a la irregularidad de los traslados de los dos primeros. La división en la Corte, las movidas para sacar a fiscales incómodos y poner fiscales adictos, los traslados sin concursos ni acuerdos del Senado siguen exhibiendo que, como en Brasil, el aparato judicial es parte de la ofensiva política contra los opositores.

Jueves, 12 de abril de 2018