La Comisión de Justicia emitió dictamen y la iniciativa se tratará en el recinto la semana próxima. Se establece una cadena de custodia, se exige la elaboración de un protocolo y se fija hasta 4 años de prisión por “violación de secretos”.

El Senado avanza para ponerle un límite a las filtraciones de las escuchas telefónicas. En el marco de la proliferación de audios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la embestida de Elisa Carrió contra e titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la Cámara alta firmó ayer el dictamen de comisión de un proyecto que impone una estricta cadena de custodia para las captaciones de comunicaciones, exige la elaboración de un protocolo y establece penas específicas para aquellos que intervienen en el proceso, incluidos funcionarios, empleados de las telefónicas y magistrados. La iniciativa, impulsada por el salteño Rodolfo Urtubey, logró el consenso de las diferentes bancadas –sólo se plantearon algunos matices– y será tratado en la sesión del próximo 18 de abril. En medio del debate hubo un llamado de atención principalmente para los jueces y fiscales, señalados como los principales responsables de esas filtraciones.

“Ya el año pasado advertíamos que la dirección de escuchas judiciales tenía que tener una cadena de custodia para preservar la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y que éstas tuvieran como destino aportar pruebas en causas penales y no atacar el honor y la dignidad de las personas, sobretodo aquellas que tienen una trayectoria política, con un uso absolutamente ilegal de las mismas”, explicó ayer Urtubey en clara alusión a los diálogos difundidos entre la ex mandataria y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli. Presentado el año pasado pero reimpulsado esta semana luego de que Carrió acusara a Lorenzetti de ejercer una “inteligencia paralela”, el proyecto estuvo acompañado por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto y sus compañeros Pedro Guastavino y Carlos “Camau” Espínola.

Según explicó Urtubey en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto “es muy rígido y enérgico” y le impone a la dirección de escuchas –dependiente de la Corte Suprema– la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta, además de fijar una serie de obligaciones a las prestatarias de servicios de telecomunicaciones. A propuesta del senador peronista por Chubut, Mario País, se modificó que no será la propia dirección la que apruebe el nuevo protocolo de actuación sino que será la Corte Suprema, a propuesta de la primera.

La kirchnerista Marilín Sacnún remarcó que aun antes de que se avance con este proyecto ya la cadena de custodia de las escuchas ha sido violada “a todas luces” de manera “ilegal e ilegítima”.

En el capítulo de sanciones se establecen tres casos: el primero por el simple incumplimiento del procedimiento (independientemente de si se produce o no la filtración de las escuchas) que será considerado una “falta grave administrativa”. El segundo por “violación del deber de confidencialidad” y el tercero y más grave, el de “violación de secretos” que contempla una pena de 2 a 4 años de prisión a quien “ofreciere, divulgare, comerciare o entregare para su difusión” alguna de las escuchas. La redacción contenía la acción de “facilitar” como último término pero fue cambiado por “entregar para su difusión” a pedido del macrista Federico Pinedo. Según el senador del PRO le preocupaba que la norma “no colisione con la libertad de prensa”. “No se sabe si puede incluir a un periodista o a un medio o a quién”, insistió Pinedo sin mencionar expresamente a ninguno de los periodistas cercanos al oficialismo que difundieron los audios de la ex mandataria. “Nosotros queremos perseguir a la fuente, concretamente, y estamos persuadidos de que esa fuente es alguien ligado al proceso”, remarcó Urtubey al aceptar la sugerencia.

Casi sobre el final de la reunión, el cordobés Enrique Martínez propuso endurecer las sanciones y responsabilizar directamente a quienes ordenaron las escuchas (los jueces y fiscales) en caso de una filtración. “Acá las grabaciones se dan a los periodistas para que luego se solace el publico que ve eso, a mi modo de ver con muy baja estofa, sabiendo que está lleno de ‘boludos’, de ‘pelotudos’, de ‘gordas hija de puta’ o de ‘la vagina del mono’, cuestiones que no le interesan absolutamente a nadie ni tienen que ver con alguna causa penal que se investigue. A esto hay que ponerle fin”, dijo Martínez, aunque su propuesta no recibió el respaldo de los otros bloques.

Si bien no participó de la comisión, Pichetto aprovechó la firma del dictamen para hacer ayer una cerrada defensa de Lorenzetti –ante las acusaciones de Carrió– y de la tarea que vienen llevando adelante los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, que están a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), cuyo director ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte. “Los tres mantienen diálogo constante con el Congreso de la Nación, estuvieron siempre abiertos a inspecciones de parte nuestra”, agregó Pichetto para luego elogiar a la Corte y en particular a Lorenzetti por “su accionar para consolidar la tarea de la Dajudeco y velar por la no injerencia externa en el trabajo que realiza”.

Jueves, 12 de abril de 2018