Los oficialistas cuestionan al magistrado por su decisión de archivar la denuncia de Nisman contra CFK. Es la primera vez que se avanza contra un juez por el contenido de un fallo. “No importa la legalidad ni la verdad”, advirtieron desde el FpV.

El macrismo en el Consejo de la Magistratura concretó el primer paso en su ofensiva contra el juez federal Daniel Rafecas. La Comisión de Disciplina y Acusación decidió citarlo —con seis votos y uno en disidencia- a una declaración equivalente a una indagatoria. Lo hizo en función de un dictamen del radical Ángel Rozas que cuestiona su decisión de archivar por inexistencia de delito la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. “Es una cuestión grave buscar remover a un juez por sus fallos. Los jueces tenemos un ámbito discrecional para interpretar y aplicar las leyes que debería ser respetado por el ámbito político”, dijo ayer Rafecas, quien debe presentarse o declarar por escrito el 7 de diciembre.

“Bienvenidos a la República Cambiemos. Si tenés los votos te cargás un juez, no importa la legalidad ni la verdad”, ironizó en la reunión de Comisión el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, quien retrató la persecución del oficialismo contra jueces que no fallan acorde a sus deseos. “Si investigamos a Rafecas ¿Qué vamos a hacer con Martín Irurzun que le sacó al juez Claudio Bonadio la causa del encubrimiento del atentado y después le dio la causa del Memorándum”, añadió. Irurzun, presidente de la Cámara Federal, tiene fuerte injerencia en el rumbo de las causas contra ex funcionarios kirchneristas. Juan Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, le devolvió un comentario socarrón: “Estamos en una República, antes era una monarquía.”

Es la primera vez en sus 17 años que el Consejo avanza una acusación basada en el contenido de una sentencia que no le gusta al Gobierno de turno. Rozas dijo que si un fallo tiene “errores gravísimos o implica desvíos de poder” se puede hacer una excepción porque se trataría de una sentencia “fraudulenta”. El diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión e impulsor del juicio político al destituido Eduardo Freiler aventuró que Rafecas podría haber cometido el delito de prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho). El juez Leónidas Moldes se enojó y le replicó que “no está ni mínimamente probada la intencionalidad”.

El dictamen del senador radical, además, da por hecho que el Memorándum de entendimiento con Irán es un delito, algo que descartaron también la Sala I de la Cámara Federal y el Fiscal de Casación Javier De Luca. Rafecas recordó en Radio Con Vos, que su fallo también tuvo “el respaldo público del procesalista más importante de Latinoamérica como Julio Maier y de penalistas como León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, que dijo que la denuncia (de Nisman) tenía mucho de política y poco de jurídica”.

El dictamen de Rozas se nutre de una denuncia que Elisa Carrió hizo contra Rafecas. Luego se sumó el diputado de Cambiemos Waldo Wolff, que fue vicepresidente de la DAIA, quien relató que Rafecas lo citó junto con otros dirigentes a su despacho para explicarles su decisión y aseguró que luego en una llamada telefónica lo “intimidó y hostigó”. El juez volvió a explicar que tenía una relación de muchos años con la DAIA y que le parecía razonable tener una reunión informal para explicarles. Siempre negó el tipo de conversación que alega Wolff.

Al momento de votar, además de Rozas levantaron la mano por la citación a Rafecas, Tonelli; el consejero Mahiques, el diputado Gustavo Valdés (UCR), el abogado Miguel Piedecasas y el académico Jorge Candis. El juez Luis María Cabral hizo un voto híbrido: dijo que no apoyaba la citación por lo que Rafecas había resuelto, pero sí lo que consideró una presunta falta de decoro por los episodios relatados por Wolff y declaraciones públicas que hizo el juez sobre su situación ante causas en el Consejo. El juez Moldes, votó en contra, y el senador Mario Pais (FpV) no fue a la reunión porque está de viaje. Otra consejera jueza, Gabriela Vázquez, participó de la discusión y dijo que Rafecas había actuado dentro de sus atribuciones.

Los cargos que describe el dictamen son haber incumplido supuestamente el deber de investigar y actuar con “inusual premura”; obstaculizado intencionalmente el avance de una causa relacionada con el atentado a la AMIA; abandonado la tutela de derechos; negarse a producir prueba, actuar con parcialidad con un fallo de “alto contenido político”; y efectuado actos “ofensivos al decoro”.

Rafecas dijo que la denuncia en su contra lleva más de dos años y medio en trámite, y recién ahora fue activada. En marzo caducaría. Defendió el fallo en el que archivó la denuncia de Nisman así: “La denuncia de Nisman no establecía una hipótesis de delito. Era una suerte de preparación para un delito y la preparación de un delito no es punible. No había posibilidad de que hubiera existido encubrimiento, porque para eso se tenía que haber puesto en funcionamiento el memorándum con Irán, pero Irán nunca lo avaló. Si yo entiendo que no hay delito para investigar, no puedo abrir el caso a prueba (…) Las alertas rojas relacionadas con los investigados iraníes tampoco estuvieron en peligro ni se levantaron”.

Es difícil que la acusación obtenga mayoría de dos tercios en el plenario, pero después de que el oficialismo armó una mayoría circunstancial para acusar a Freiler, en la oposición dicen que es impredecible el desenlace. Por si acaso, los consejeros macristas ya están echando leña a otro expediente contra Rafecas donde lo involucran en presuntas irregularidades en la causa Hotesur, donde están acusados CFK y su familia.

Durante el día de ayer empezaron a circular apoyos al juez. La organización Memoria Abierta rechazó el avance contra Rafecas y sostuvo: “Valoramos su actuación en las causas de lesa humanidad y su compromiso con los derechos humanos”. En una carta abierta que lleva firmas de abogados, jueces, juristas del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús también rechazan “la persecución política, mediática y judicial” al juez. “Parecería que su compromiso permanente por esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de corrupción que dañan la institucionalidad democrática, su búsqueda de justicia y su postura intransigente en sostener la independencia y equidad en su magistratura, fueron los motivos reales que subyacen a la intención destituyente”, añade el texto, que cuestiona que se ataque a un juez porque el contenido de su sentencias “no se ajusten a las aspiraciones oficiales”.

Viernes, 24 de noviembre de 2017