José Corral, intendente de Santa Fe, dijo que las acusaciones son “circo de campaña”. El concejal del PJ que llevó la denuncia a la Justicia explicó que “hay una matriz organizada, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos”.

Desde Santa Fe

El titular de la UCR, José Corral, reaccionó ayer con enojo y exabruptos ante las denuncias que vinculan su apellido con el armado de una red de punteros de Cambiemos financiada con fondos de la Municipalidad de Santa Fe, que él mismo encabeza. “Operación de prensa”, “circo de campaña”, “manotazo de ahogado del kirchnerismo” llamó al destape de “las cajas negras de Corral” que difundió un consorcio de periodistas desde el sitio corralpapers.com, y que promete revelar más documentos y pruebas el 15 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación ya interviene a partir de una denuncia del concejal peronista Juan Carlos Cesoni para que se investigue tanto a Corral y a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de Gobierno, María Martín, por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario”, como a punteros que son a la vez empleados municipales y beneficiarios del reparto, por presuntas “incompatibilidades”.

“La Justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos”, le dijo a PáginaI12.

Cesoni formalizó la denuncia con el patrocinio del abogado Alejandro Otte. Le apuntó al secretario Medrano por supuesto “incumplimiento” de su deber de informar cada tres meses al Concejo Municipal sobre el manejo del Programa de Iniciativas Comunitarias, que es el que está bajo la lupa. El funcionario de Desarrollo Social ya fue convocado dos veces al Concejo para pedirle explicaciones, pero faltó con aviso, y la última, propuso ir después de las elecciones del 22 de octubre.

El concejal peronista pidió también que se investigue a los punteros de Corral que son empleados municipales y operadores de los planes por supuesta “incompatibilidad” con el régimen de compras y la propia ordenanza de Iniciativas Comunitarias. “Creemos que estos dos aspectos ya están probados y se puede demostrar rápidamente ante la Justicia”, señaló Cesoni. “Acá hay una metodología de trabajo desde 2012 que implica la creación de asociaciones civiles, la designación de autoridades que son afines a Corral, en algunos casos por parentescos; en otros, por filiación partidaria o por relación de dependencia con el municipio”, explicó. “Todo eso se pone en marcha de manera organizada para desviar fondos hacia fines aparentemente loables que se podrían ejecutar directamente por la Secretaría de Obras Públicas y hoy se ejecutan por el programa de Iniciativa Comunitaria, utilizando una flexibilidad laboral para realizar obras a través de ONG que luego el Estado no puede controlar adecuadamente”, advirtió.

“La denuncia es contra el secretario de Desarrollo Social. Entendemos que tiene una responsabilidad primaria y lo acompañan en esa responsabilidad el intendente y la secretaria de Gobierno porque son los que firman los decretos que otorgan estas iniciativas comunitarias”, agregó.

Entre las medidas que propuso, Cesoni solicitó que la fiscalía interviniente se ocupe del “aseguramiento de pruebas”. “Creemos que la Justicia tiene que actuar rápido. Lo que planteamos es que hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos.”

“No se trata de alguna asociación civil en problemas. Acá hablamos de un funcionamiento reiterativo en los últimos años, estas incompatibilidades e irregularidades se verifican de manera sostenida, siempre está presente el fin político –sintetizó el denunciante–. Los punteros de Corral son los beneficiarios del programa. Entonces, hay intencionalidad.

Miércoles, 4 de octubre de 2017