Los imputados habrían alojado a las víctimas en un colectivo viejo con camas cuchetas y durante el día los habrían obligado a realizar tareas vinculadas a la explotación forestal de eucaliptus durante jornadas de 10 horas.

El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito SA”, donde cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas, en una causa iniciada en febrero de 2011.
Según el dictamen del fiscal Martínez, los cuatro principales imputados son Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito SA”.
En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.
Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.
Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos. Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.
Uno de los agentes que participó en el allanamiento sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie.
Para el representante del MPF, a lo largo de la investigación se pudo determinar que Rolando Abel Díaz, Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone eran los directivos y/o administrativos de la cooperativa encargada de incorporar asociados que desarrollen las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito SA” (locatario) en la que Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara formaban parte del directorio.
Al momento de su declaración, todas las víctimas fueron coincidentes en sus manifestaciones. Declararon que, en su mayoría, provenían de la provincia de Misiones, motivo por el cual debían quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Señalaron que dormían hacinadas en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.


Miércoles, 9 de agosto de 2017