La coalición oficialista en el Congreso impulsa una polémica iniciativa para reformar las leyes que rigen el trabajo rural.

La coalición oficialista en el Congreso de Brasil presentó un proyecto de reforma a las leyes que rigen el trabajo rural que autoriza como forma de pago del salario la entrega de alimentos y vivienda, y estipula que la jornada laboral puede llegar a 12 horas por razones de "fuerza mayor", una propuesta considerada por críticos como la restauración de la esclavitud en el país.

El proyecto, presentado en momentos en que aumentan las muertes en zonas rurales de Brasil por disputa de tierras, es de autoría del presidente del poderoso bloque ruralista en la Cámara de Diputados, el empresario agropecuario Nilson Leitao, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fuerza que es la principal aliada del gobierno de Temer.

"No pueden ser tratados como pobrecitos", dijo el legislador, citado por el diario Valor Económico, al comentar el proyecto que apunta a reducir el costo de indemnizar trabajadores rurales, sobre todos los golondrinas, que trabajaban apenas por períodos de siembra o de cosecha.

El proyecto de ley incluye un ítem que habla de "remuneración en cualquier especie" que generó rechazos generalizados, pero el propio Leitao tuvo que aclarar que el "salario no será tocado".

La propuesta, según el diputado y empresario rural del estado de Mato Grosso (Centro-Oeste), apunta a elaborar una legislación más robusta sobre el trabajo en el campo, separada de la reforma laboral que trata el Congreso y que fue hecha básicamente para trabajadores urbanos.

"Hay un gran prejuicio en la justicia laboral con el trabajador rural. Los fallos los realizan personas del medio urbano, que desprecian los usos y costumbres y la cultura del campo", explicó Leitao, investigado en la corte suprema por una denuncia vinculada a una invasión que supuestos hacendados hicieron a una tierra indígena en Mato Grosso.

Según el legislador, el proyecto apunta a aclarar la situación en la justicia laboral para "evitar poner al productor rural en una situación de inseguridad jurídica".

El Frente Parlamentario Rural emitió un comunicado en el afirma que, de aprobarse el proyecto, el salario no será afectado y que la jornada laboral se mantendrá en ocho horas, pero los sindicatos dicen que la letra que vale es la del proyecto de ley.
La propuesta, también, reduce la obligación de proveer instalaciones sanitarias en el campo.

Las normas en vigencia obligan a las empresas agropecuarias a proveer a sus trabajadores instalaciones como baño, comedor y sillas sin importar la cantidad de empleados trabajando, pero el proyecto propone mantener la exigencia en dotaciones de 20 personas o más.

Además anula otras obligaciones de las haciendas, como mantener equipos para primeros auxilios en casos de accidente o descontaminar maquinas de manipulación de agrotóxicos tras su utilización.

Viernes, 5 de mayo de 2017