El oficialismo en la Cámara de Diputados dará el primer paso para sancionar en la última sesión del año el proyecto que regula la responsabilidad del Estado ante demandas civiles, con la firma del dictamen que se producirá este martes en el marco de un plenario de comisiones.

Por ese motivo, el Frente para la Victoria convocó para el martes a las 11 a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para debatir y firmar los dictámenes para que estén habilitados para la sesión que se efectuará dentro de diez días.

Para construir las mayorías que requieren tanto el dictamen como la votación del proyecto, contará con el respaldo de los aliados que respaldan las políticas del gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner y que responden a los gobiernos provinciales de Santiago del Estero, Neuquén y La Pampa.

Se trata de Nuevo Encuentro, los santiagüeños del Frente Cívico que responde al gobernador Gerardo Zamora, los neuquinos que se referencian en el mandatario Jorge Sapag y los pampeanos del PJ que acompañan al gobierno kirchnerista de Oscar Mario Jorge.

Sucede que el kirchnerismo tiene 109 diputados propios y requiere de una veintena de legisladores para tener quórum y luego mayoría simple para votar los proyectos, y sus aliados le aportan cinco diputados de Nuevo Encuentro, siete que responden a Zamora, tres a Sapag, dos de La Pampa, dos salteños que acompañan habitualmente el oficialismo, y un radical correntino.

Además, hasta el miércoles se pueden emitir los dictámenes que se pueden abordar en la sesión del 27 de noviembre, la cual se efectuará a tres días de que finalice el período ordinario, dado que el 10 de diciembre se producirá la renovación parlamentaria y caen los despachos que no se trataron en dos años.

Será un recambio especial, porque se cumplirán 30 años de la recuperación de la democracia y se trata del único poder del Estado que no funciona durante las dictaduras, y que en el último gobierno cívico-militar fue reemplazado por tres integrantes de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) que refrendaba los decretos de la Junta Militar que destituyó el gobierno democrático en 1976.

En ese marco, se vienen realizando varias actividades para recordar los 30 años de democracia que se iniciaron cuando Raúl Alfonsín dio su discurso a las 8 de la mañana en el histórico recinto de la Cámara de Diputados, que una semana despúes aprobó la derogación de la autoamnistía dispuesta por la dictadura militar.

En este contexto político, los diputados afrontarán la última sesión que tendrá como tema central el debate de un proyecto para regular la responsabilidad civil del Estado ante demandas, que fue eliminado del proyecto de unificación de los códigos civil y comercial, donde solo se abordan los conflictos vinculados con el derecho privado.

Por eso la bancada del Frente para la Victoria -que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio- impulsó para el martes a las 11 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para discutir este proyecto y firmar ese día el despacho, para que esté habilitado para su discusión en el recinto.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FpV-Buenos Aires), aseguró que se decidió impulsar un proyecto de ley sobre la responsabilidad civil del Estado porque el código civil y comercial "es derecho privado" y señaló que con esta iniciativa se establecerá que cuando el Estado "produce daños, cuáles serán las maneras de reparar" a las
víctimas.

Conti dijo que el proyecto diseñado por el gobierno "toma la doctrina de la Corte suprema" y calificó a esta iniciativa como "una norma novedosa y un salto cualitativo" dentro del derecho constitucional.

El presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, señaló que "nosotros sostenemos que la responsabilidad del Estado deber ser regida por el derecho civil y no administrativo".

En ese mismo sentido se expresó el legislador del PRO, Pablo Tonelli, quien señaló que "si estas normas desaparecen del Código será muy difícil lograr indemnizaciones cuando el Estado o funcionarios provoquen daños mediante su accionar".

El proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria".

La iniciativa dice que "el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada".

También dice que "la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los dos años".

Lunes, 18 de noviembre de 2013