La verdad es irremediable, dice un refrán. Lo cierto es que si la prensa no daba a conocer públicamente los hechos sucedidos en el Penal de San Cayetano, las autoridades, que según ellas mismas conocían lo que había ocurrido, no hubieran movido un dedo para aclarar la situación y tomar las medidas del caso, como medianamente lo hicieron hasta ahora. La responsabilidad no solo es de los guardiacárceles, lo es también de las autoridades políticas.

Pero el hilo se cortó por lo más delgado. Lo que correspondería, es que debería renunciar, por honor, la línea política de responsabilidad.

Contextualizando, la pelea organizada de presos habría ocurrido el 3 de octubre. Ddurante todo el mes y parte de noviembre el video corrió por todos los celulares y se trepó a las redes sociales.

Lo curioso del caso es que el mismo día en que Norte de Corrientes y El Sol de Corrientes lo dan a conocer periodísticamente, el Subsecreario de Seguridad Guillermo Weyler dijo que se estaba enterando de la situación y habían ordenado una investigación exhaustiva, que no habían determinado quienes eran los autores, ni donde había sido ni cuando.

Al mismo tiempo, su superior en rango político Luis Bravo, salió al aire diciendo que ya tenian conocimiento de ello, y que estaban mejorando la calidad de imagen con un programa especial, que ya habian identificado a los responsables y habían exonerado a los agentes y relevado al jefe de la cárcel.

Pero lo más curioso es que el Ministro de Gobierno Gustavo Valdés dijo este lunes 1, m´s de un mes después, que se enteró un dia antes de la difusión del contenido del video.

Es decir que la cadena de encubrimientos no solo estuvo en el Penal. También la hubo en el poder político. Las contradicciones en las que incurrieron mediáticamente los responsables de la seguridad en la provincia es apabullante.

Si el escándalo del contenido del video puede sonrojar la virtuosidad del apego a las leyes y las normas constitucionales, más aún lo puede hacer vergonzosamente a la dirigencia política gubernamental.

Si el hecho se conoció antes y no se dio a conocer, significa que hubo una intención de no hacerlo, ya que si bien la versión investigativa habla de un encubrimiento inicial de parte de los penitenciarios, al momento de la difusión ya se tenían los datos de los responsables, y no se había tomado ninguna medida correctiva.

Si nos apegamos a la versión de Valdés, significa que fue, como el cónyugue estafado, el último en enterarse.

Y si nos apegamos a la versión de Weyler, estaba yaciendo en una nube de Ubeda sin conocer la realidad a su mando.

En todos los casos se tratan de funcionarios políticos, puestos por el responsable del Poder Ejecutivo para ejercer su potestad de aplicar la Ley en un ámbito tan sensible, como lo es el cumplimiento de penas por delitos cometidos contra la sociedad.

Más allá de los principios constitucionales de garantías para todos los ciudadanos, entre ellas que "las cárceles serán sanas y limpias", en todo sentido, y "no para castigo" de los reos y delincuentes, lo cierto es que en Corrientes evidentemente la cultura de la seguridad y la reinserción social es solo una entelequia.

Los hacinaderos humanos en que se han convertido las cárceles, los arroja a la mayor deshumanización, propiciada no solo por los agentes penitenciarios, sino avalado por el poder político. Es el responsable de que no se brinde la contención, ni se ejerza el mando, hoy ostensiblemente relajado, que debe existir en la cadena de orden.

Querer echar a los presos la culpa de no haber denunciado es como decir que el delincuente no denunció su propio ilícito, una aberración lógica que no aguanta asidero, más aún viniendo de un subsecretario.

Por lo pronto, esa terrible responsabilidad de Weyler, Bravo y Valdés debe ser investigada. es más, deben asumir su responsabilidad política. No sirve solo con echar penitenciarios. Hace falta hundir el cuchillo más aún. Porque todos han quedado manchados. Unos por su operatividad rayana con el delito, y los otros por su irresponsabilidad a la hora de tomar desiciones.

Si Norte de Corrientes no hubiera dado a conocer el video, el hecho jamás se hubiera conocido ni se hubieran tomado las medidas que hoy conocemos.

Es más, tampoco se hubiera podido justificar la propia torpeza de echar a los funcionarios sin dar a conocer el hecho, que a las vistas, quedó demostrado que se trató de ocultar en todo momento. Hasta que la prensa, Norte de Corrientes, lo dio a conocer.

Queda en manos de los responsables del control político. la Justicia, la Legislatura, el mismo Gobernador, la voluntad virtuosa de la dignidad que debe guardar el Estado democrático. Si no, en treinta años, en Corrientes, la Democracia será solo una palabra declamada.


Lunes, 11 de noviembre de 2013