Casanello y Marijuan reclamaron en cuatro oportunidades a ARTEAR el envío de los crudos de las entrevistas a Fariña y Elaskar, además de los originales de la documentación difundida. Sólo llegaron los programas y fotocopias. Opina el constitucionalista Eduardo Barcesat.

El Grupo Clarín se negó a entregar pruebas a la justicia. En sí, la noticia no debería llamar la atención si se tienen en cuenta los antecedentes del holding que dirigen Héctor Magnetto y sus socios, ya que en más de una ocasión impusieron sus propias reglas para avanzar con sus intereses. Es válido recordar –y vale de ejemplo en estos días de democrática e intensa vitalidad del gremio de prensa en plena negociación paritaria– cómo el "Estado Clarín" ignoró o vulneró durante años cuanta norma vigente hubiera sobre la libre organización gremial de sus trabajadores; eso, claro, sin rememorar la sociedad que mantuvieron con el terrorismo estatal. Por entonces, el Estado aplicaba en los camastros de tortura y a picanazos lo que el combo exterminador cívico-militar entendía por justicia. Viejas mañas de los acunados en la impunidad.

En 2013, lo novedoso es la saga de negativas o indiferencia a la requisitoria judicial que mantiene el Grupo cuando de las usinas del propio multimedios se generó el tema. En algún punto, parece que buscasen ridiculizar a los funcionarios de la justicia que le reclaman pruebas a ARTEAR SA, léase Canal 13.

Se repiten los escritos que señalan "tenga a bien aportar al tribunal" las medidas requeridas. El juez federal Sebastián Casanello y hasta el fiscal Guillermo Marijuan debieron insistir con su reclamo.

Una, dos, tres, cuatro veces… y nada.
¿Qué le pide la justicia al holding? El crudo de las entrevistas a Leonardo Fariña y Federico Elaskar que emitió el ciclo dominical

Periodismo para Todos, de Jorge Lanata.

El crudo es el material que no fue intervenido por la edición antes de ser emitido.

Fariña, en tanto, es el supuesto arrepentido que volvió a supuestamente arrepentirse, que primero apuntó contra su supuesto ex empleador, el empresario patagónico Lázaro Báez, que supuestamente tiene un montón de billetes de 500 euros que lleva y trae en aviones privados entre los confines del país y la ciudad capital, en unos bolsos que se pesan y que después o los sacan de la Argentina hacia algún remoto paraíso o los esconden en unas bóvedas, que al parecer, abundan en la región patagónica desde siempre pero que recién ahora le llamó la atención, por caso, a un ex funcionario santacruceño que se apellida Arnold, que trabajó durante unos años de vicegobernador de esa provincia, junto a un dirigente de trascendencia nacional que murió hace más de dos años, y por lo tanto, según confirma el devenir de la ciencia y de la humanidad, no puede defenderse. Un tal Néstor Kirchner.

Para confirmar algo así, por caso, la justicia debería poder acceder a la mayor cantidad de pruebas que los denunciantes pueden presentar

Entonces, Casanello y Marijuan esperaron el crudo de la cámara oculta a Fariña, y de la entrevista a Elaskar, que dijo en su momento, antes de decir lo contrario, que Fariña había sido su socio, que era algo así como el valijero vip de Báez, que lo traicionó, y que después otros lo amenazaron de muerte a él, a Elaskar, para arrebatarle la financiera SGI, que llaman ingeniosamente La Rosadita. Por esta supuesta amenaza que le habría propinado el ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, la jueza de instrucción Gabriela Lanz llamó a indagatoria al empresario santacruceño, dueño de Austral Construcciones. Entonces, en su irrupción televisiva, Elaskar habló del despojo de su empresa bajo coacción, un duro apriete. Parece paradójico que algo así se diga desde la pantalla de uno de los dueños de Papel Prensa que está acusado de haber participado del despojado de las acciones de esa empresa a la familia Graiver en las mazmorras de Camps. Presunto delito de lesa humanidad, le dicen.

Elaskar recordó, ante las cámaras de Magnetto, que su financiera funcionaba en un edificio de Puerto Madero que al parecer, según un informe televisivo, el sólo hecho de vivir, trabajar o pernoctar en el lugar podría convertir a cualquier mortal en cómplice o sospechoso de delitos muy graves. Entre ellos, obviamente, el de paseador y pesador compulsivo de billetes de 500 euros, algo así como un hobby delictual, ya que si no están declarados ante el fisco esos miles y miles de billetes, la maniobra configuraría una acción punible como indica la ley.

Pero para confirmar algo así, por caso, la justicia debería poder acceder a la mayor cantidad de pruebas que los denunciantes pueden presentar y el Ministerio Público Fiscal y su Señoría recabar. Entonces sí, más allá de la justicia catódica, la justicia de la "vida real" (a decir del célebre analista de medios y política, el pequeño Agustín que esta semana finalmente conoció a la presidenta) podrá determinar la culpabilidad de Báez en los delitos que se le imputan. O reconocer su inocencia. El debido proceso, que le dicen

Tan sencillo como eso.

Pero con pruebas.

Por eso en su primer escrito del 18 de abril –cuatro días después de la emisión de la primera entrega de PPT con Fariña y Elaskar; unas 48 horas más tarde de que Jorge Rial tuviese en vivo en América TV, en el piso de Intrusos, a Fariña; y 24 horas después de que Elaskar fuese entrevistado por Rolando Graña, en A24– el juez Casanello, "de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal", requiere pruebas e información de los arrepentidos que se volvieron a arrepentir, a la AFIP, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Banco Central, a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Caja de Valores SA, a la Dirección Nacional de Migraciones y a América TV SA y Artear SA.

Domingo, 2 de junio de 2013