Todo se desencadenó por el proyecto de urbanización, donde el intendente Osella impulsa una lucha judicial contra un hombre de 75 años que vive en el lugar zona norte de Goya y a quien buscan desalojar tras vivir en su lote hace 50 años. En la causa se presentó un representante del fiscal de estado de apellido Fratini, contra este jubilado de escasos recursos económicos para sacarle su propiedad, pero al parecer el abogado del jubilado el Doctor Correa Dalesandro, encontró que el poder que se presentó ante la justicia, está adulterado, por lo que todo cayó en una denuncia penal contra el funcionario.

La denuncia se formula por la comisión de los delitos de adulteración de documento público artículo 292 del Código Penal, utilización de documento público adulterado y o los que pudieran surgir de la investigación, teniendo en consideración que estamos hablando de un instrumento público, en el que se afecta la fe Pública, que es el bien jurídicamente protegido por la figura y estando acreditado también que el instrumento objeto de adulteración es un instrumento público conforme a las previsiones del Antiguo artículo 979 del código civil hoy artículo 208 89 inciso B del código civil y comercial concretamente no sólo por emanar de un funcionario público sino también por su efecto por la fe que contiene intrínsecamente el instrumento y por los efectos ergaomnes en relación a la fe que hace su contenido.
Lo que se argumenta es que el funcionario no habría tenido poder para actuar en la causa días previos al inicio del litigio, por lo que se habría adulterado la fecha del poder para justificar su participación en la misma, la que se verá condicionada de continuar en caso de constatar el delito.

Viernes, 25 de septiembre de 2020