El legislador del Frente de Todos vive en Pueblo Unido, un asentamiento que surgió tras una toma de terrenos de la que fue protagonista. Es referente del MP La Dignidad y su recorrido político tiene que ver con el reclamo de políticas de acceso a la vivienda. Desde esa experiencia analiza el tema que hoy abre distintas posturas dentro del Gobierno.

Federico Fagioli es diputado nacional. Electo en diciembre como candidato del Frente de Todos (integra Patria Grande), vive en Pueblo Unido, un asentamiento que se creó con una toma de tierras de la que fue protagonista. Fue en 2014, cuando 115 familias, muchas de ellas con niños, ocuparon cinco manzanas en un predio de Glew. Parte de los ocupantes venían del cercano barrio Almafuerte, donde estaban viviendo hacinados, varias generaciones en una misma casa. Otros se sumaron porque ya no podían pagar un alquiler. “Nadie va a una toma si no tiene necesidad. Me pasó y sé que es una situación angustiante, no es divertido ni agradable, para nada”, dice a Página/12 sobre un proceso que en la Argentina es histórico -¿o habría que decir endémico, más cercano a la carencia que a la voluntad? - y que en estos días, empujado por la combinación de crisis y pandemia, pasa por una nueva oleada.

Fagioli habla de la toma de tierras desde su propia historia. Si se repasan con él los años que van desde la ocupación que lo formó como referente hasta que llegó a la banca como diputado, se ve cómo el reclamo por el hábitat viene siendo central en la agenda de temas que las organizaciones sociales le estuvieron planteando al Estado durante el macrismo.

Fagioli participó en la realización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), más tarde en el diseño del plan de urbanización para los 4400 barrios censados, y al año siguiente en las movilizaciones que llevaron la propuesta de urbanización de los barrios populares al Congreso. Fue un camino cuyo sentido fue ir generando consenso en el conjunto de las fuerzas políticas. La ley se sancionó en 2018, pero nunca se implementó porque el gobierno de Mauricio Macri no puso el presupuesto. El diputado señala que esto no ha cambiado: “el Fondo Fiduciario que se creó con el Impuesto País, a principios de año no se utilizó", advierte.

El reclamo de políticas de acceso a la tierra fue uno de los ejes sobre los que se armó, a partir de 2016, la unidad de las organizaciones de la UTEP, conocidas por su consigna Tierra, Techo y Trabajo, que en 2018 se sumaron al Frente de Todos. El entrevistado es referente del MP La Dignidad. Y en lo partidario, integrante de Patria Grande, referenciada en Juan Grabois.

"El Registro de Barrios Populares fue muy importante para nosotros", dice Fagioli. "Los vecinos organizamos rees barriales para planificar las recorridas, registrar los problemas de infraestructura. Eso nos permitió ver que somos más de 5 millones de personas con niveles de desigualdad y de exclusión enormes. Yo participé desde mi barrio. Lo importante fue que los mismos vecinos fuimos protagonistas del censo, en cada barrio, cada junta vecinal, cada delegado, llevó adelante el registro. Eso generó una idea de integración, poder pensar en ser parte del proceso de urbanización".

El relevamiento sirvió para tener un mapa de dónde faltaban cloacas, luz o agua. “Con eso pudimos trabajar, junto con técnicos, una propuesta concreta que decía ‘necesitamos tantos fondos, tantos caños, tanta arena’. Fue el primer paso para armar el plan de urbanización”. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, agrupados en un espacio que se conoció como Los Cayetanos, tenían en aquel momento una mesa de diálogo con el gobierno de Cambiemos, abierta bajo el paraguas de la iglesia. En ese marco hubo con el macrismo un acuerdo de generar trabajo urbanizando los barrios, que nunca se concretó.

Llevaron el proyecto al Congreso y en 2018 consiguieron la sanción de la ley, que incluyó un mecanismo para la regularización dominial y el compromiso de frenar los desalojos, que fue parcialmente cumplido. Macri la reglamentó en 2019, ya era el final de su gestión y los fondos para implementarla seguían pendientes.

-¿Por qué en estos meses hay más tomas de tierras?

-Porque hay un problema habitacional muy grande, que no tiene manera de resolverse sin políticas públicas. La especulación inmobiliaria hace que un trabajador no pueda acceder a su casa, mucho menos un trabajador de la economía popular. ¿Quién puede comprar hoy un lugar donde hacerse la vivienda? Nosotros venimos empujando la creación de lotes con servicios. Pero mientras tanto los hijos crecen y en una casa terminan viviendo 15 o 20 personas. Y el Estado no está resolviendo el problema, al revés, lo fue agravando en los últimos cuatro años la situación. Vivir hacinado, sin tener agua, luz, sin cloacas… eso es lo que hace que las familias tengan que tomar esa decisión. Con políticas que acompañen a las familias a comprar un terreno, en cuotas, acordes a sus ingresos, las tomas cesarían. No es cierto que la gente tome tierras para especular, toma tierras porque no tiene dónde vivir.

- ¿Y el Estado tiene tierras disponibles?

- Sí, tiene tierras fiscales. Venimos hablando con el Aabe (la agencia que administra bienes del Estado) y otra áreas, sabemos que hay disponibilidad de tierras para avanzar en la creación de lotes con servicios.

En la polémica generada en el interior del gobierno a raíz de las ocupaciones se expusieron posiciones no sólo distintas, sino antagónicas. Grabois fue el primero en hablar del tema, cuando advirtió que había “una oleada de toma de tierras” que se iban a profundizar, “porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viene planteando que las tomas son un delito que no va a tolerar. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, planteó en cambio que las ocupaciones no eran un tema de seguridad sino de déficit habitacional, pero otros funcionarios discreparon. Sergio Massa dijo que habría que quitar la Asignación Universal por Hijo o el IFE a los ocupas. Y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, coincidió en que "lo que está pasando con las tomas tiene que ver con situaciones delictivas”.

Fagioli carga contra Bielsa, sin nombrarla: asegura que existen fondos, en un fideocomiso del Renabap, que “por la falta de acción del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no se emplearon” en todos estos meses de gobierno. “Es un fondo generado con el impuesto País, a principios de año”.

También refuta a los que equiparan la toma de tierras con delincuencia o creen que están fogoneadas por el Movimiento Evita o La Cámpora. En el barrio donde sigue viviendo, cuenta, “antes había un baldío donde sucedían hechos delictivos, por ahí nadie podía pasar. Era un lugar abandonado porque en estos seis años nadie pudo probar que tuviera dueños. En cualquier toma la gente quiere pagar los servicios, incluso pagar las tierras", advierte.

Pueblo Unido no tiene agua corriente sino de pozo, tampoco llega el tendido formal de electricidad y no hay red de gas. Las calles son de tierra. Pero es un barrio social y culturalmente organizado, y eso hace una diferencia: “Es un lugar con planificación: resguardamos espacios comunes para una plaza y un bachillerato popular, hicimos un zanjeo y se dejó de inundar, armamos una comisión vecinal fuerte que no permite que se especule con la tierra, que no deja que se vendan drogas, que pelea contra la violencia de género. Es un barrio donde se puede vivir, de gente de trabajo. En la mayoría de las tomas de tierra se encuentra lo mismo: no hay familias que tomen tierra, si no es por necesidad".

Viernes, 4 de septiembre de 2020